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Causas y antecedentes: diplomáticos estadounidenses deben abandonar Venezuela en 72 horas

Escrito por Leonardo Ojeda

En estricto cumplimiento de sus funciones y facultades, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció el pasado 23 de enero la ruptura de relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Estados Unidos, en razón de la actitud injerencista sostenida por Washington sobre Caracas.

“Se van de Venezuela, basta de intervencionismo”, enfatizó en esa ocasión el mandatario venezolano desde el Palacio de Miraflores, durante una jornada marcada por la autoproclamación del diputado –a la Asamblea Nacional en desacato- Juan Guaidó como “presidente interino” del país suramericano avalada y reconocida por la administración de Donald Trump, a la cual acusó de promover un golpe de Estado en contra de su gobierno.

En ese contexto, y ante una multitud de simpatizantes que se congregó para ratificarle su apoyo, el jefe del Estado procedió a firmar la nota diplomática a través de la cual se establecía un lapso de 72 horas para que el personal diplomático y consular estadounidense abandonara la nación petrolera.

“Aquí hay dignidad, aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra”, destacó en su arenga.

En los días sucesivos, representantes diplomáticos de Venezuela y Estados Unidos retornaron a sus respectivos países según el plazo otorgado.

Caracas y Washington mantienen negociaciones

A pesar de esta situación, en cuyo marco se fraguaba –según denunciaron distintos voceros del Ejecutivo venezolano- un plan de golpe de Estado dirigido por el gobierno de Estados Unidos en Venezuela, ambos gobiernos convinieron sostener negociaciones para el establecimiento de una Oficina de Intereses en cada capital, desde las cuales se podrían atender trámites migratorios y otros temas de interés bilateral, con estricto apego al derecho internacional para los casos de ruptura de relaciones entre países.

Para este propósito se estableció un plazo de 30 días para alcanzar el acuerdo y se autorizó la permanencia de personal remanente de cada misión, que durante el plazo acordado continuaron amparados por las prerrogativas diplomáticas, debiendo concentrar sus actividades exclusivamente en las sedes que correspondieron a las extintas Embajadas, antes de la ruptura de relaciones.

Durante este período, la injerencia norteamericana en los asuntos internos de Venezuela se intensificó suscitando una respuesta firme en Caracas.
Este martes, el Gobierno venezolano comunicó la decisión de dar por concluidas las conversaciones con el Gobierno de los Estados Unidos acerca de un posible acuerdo para el mutuo establecimiento de oficinas de intereses tras la ruptura de relaciones diplomáticas.

“Una vez agotado el plazo original de 30 días y la subsiguiente extensión de 15 días adicionales, la República Bolivariana de Venezuela ha resuelto no conceder una nueva prórroga para la permanencia de los agentes diplomáticos estadounidenses aún presentes en el país, en razón de lo cual en fecha 11 de marzo de 2019 se ha requerido al gobierno estadounidense la salida del territorio nacional del personal remanente de su antigua embajada en Caracas, en el plazo de las próximas 72 horas, contadas a partir de las 00:00 horas del día 12 de marzo del 2019”, destaca el Comunicado Oficial.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, informó que este lunes fue convocado a la Cancillería venezolana el representante diplomático de Estados Unidos en el país suramericano, James Story, para comunicarle la decisión soberana del Gobierno nacional de no prorrogar la presencia del personal diplomático estadounidense en Venezuela.

“Jugar posición adelantada y pretender hacer creer que Washington retira a su personal, no es más que una reacción arrogante y derrotista que demuestra mucha frustración. Como se les informó ayer, la decisión del presidente Nicolás Maduro debe cumplirse en las próximas 72 horas”, remarcó el canciller venezolano mediante su cuenta en Twitter @jaarreaza.

El Gobierno venezolano ratificó, sin embargo, su inalterable disposición de mantener canales de comunicación y diálogo con el Gobierno de los Estados Unidos, “siempre y cuando éstos se desarrollen dentro del marco de una relación de igualdad y respeto mutuo”.



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